El pasado 13 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicaba la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en la Universidad de Granada, tal como había anunciado el día anterior el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, tras un repunte de contagios, localizados en algunas residencias universitarias y colegios mayores. Una decisión impuesta por el Gobierno del trifachito que fue aceptada y acatada por el rectorado de la UGR pese a que este cierre supone dejar a  miles de estudiantes sin clases mientras bares, restaurantes, comercios… siguen funcionando con total normalidad, llegando incluso al absurdo de ver a profesores reservando mesas en restaurantes para poder dar allí sus clases.

¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!

El pasado viernes 16, los compañeros y compañeras de Izquierda Revolucionaria y del Sindicato de Estudiantes participamos en la manifestación del barrio madrileño de San Blas para mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a los menores inmigrantes no acompañados que están siendo víctimas de persecución por parte de grupos neonazis.

La última de estas agresiones se produjo el pasado 13 de octubre, cuando dos nazis se dirigieron a un grupo de menores, profiriendo todo tipo de amenazas, llegando incluso a utilizar palos. Finalmente, los menores consiguieron defenderse y zafarse de la agresión. Pero ante la pasividad absoluta de la policía decidieron ir más alla. Al día siguiente, más de un centenar de neonazis de todo Madrid se personaron en el portal de uno de estos jóvenes para amenazarle en su propia casa, insultarle y realizar canticos fascistas y racistas.

¡No a la privatización de la educación!

Desde la llegada del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, a la Junta de Andalucía, estos han dejado muy claro cuál es su plan educativo: continuar con el desmantelamiento de la educación pública y avanzar todo lo posible en la privatización.

Como hemos explicado en muchas ocasiones, este empeño en destruir la educación pública no es casualidad, es una cuestión fundamental para la derecha, y más en este contexto de crisis económica salvaje y que se va a recrudecer en los próximos años. Necesitan privar a los hijos e hijas de la clase trabajadora de una educación y formación de calidad, negarnos cualquier posibilidad de futuro digno y condenarnos así a la explotación más salvaje en el terreno laboral. Y además, con la destrucción de la enseñanza pública, pueden seguir favoreciendo el negocio de la educación concertada y privada.

Descarga la carta de respuesta del Ministerio a nuestra petición de reunión

Tras cuatro cartas y numerosos correos solicitando una reunión de urgencia con la ministra Isabel Celáa ante el desastre del inicio de curso, el ministerio de Educación finalmente ha respondido nuestra petición. ¿Concediendo un encuentro urgente con el movimiento estudiantil para escuchar nuestras preocupaciones, reivindicaciones y demandas? Por supuesto que no. Rechazando, una vez más, reunirse con el Sindicato de Estudiantes “por cuestiones de agenda”.

El pasado 2 de octubre la cadena À Punt estrenó el documental “La mort de Guillem”, una película en homenaje a Guillem Agulló, joven antifascista y militante de la izquierda independentista del País Valencià asesinado por una banda de neonazis hace 27 años. La emisión tuvo un grandísimo impacto y batió récords de audiencia, convirtiéndose en el estreno más visto de la televisión valenciana. Las redes sociales se llenaron de consignas antifascistas, miles de mensajes rezaban Guillem Agulló, ni oblit ni perdó y con gran indignación los valencianos y valencianas recordamos un aparato judicial y un Estado que protegió a sus asesinos. De estos, cuatro quedaron absueltos y el único condenado, Pedro Cuevas, solo cumplió 4 de los 14 años de condena.

¡Solidaridad con la huelga de profesores del 9 y el 15 de octubre en Andalucía y Catalunya!

La negativa del Ministerio de Educación y de las consejerías educativas a poner en marcha cualquier tipo de inversión para rescatar la educación pública ha provocado un inicio de curso insostenible, donde la reorganización de la vuelta a las aulas no es más que un compendio de recomendaciones básicas, muchas de las cuales ni siquiera se pueden llevar a cabo por la falta de profesorado y la masificación de las aulas.

¡Basta ya de alentar la privatización de la universidad pública!

¡Por un plan público de inversión para garantizar una formación de calidad y segura!

El Ministro de Universidades ha estado desaparecido durante meses de la escena educativa. Manuel Castells se ha negado en rotundidad a aplicar un plan de rescate a la universidad pública y mantiene unas tasas universitarias totalmente desorbitadas que expulsan a los hijos e hijas de las familias trabajadoras de la universidad –especialmente en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos–. Por si esto fuera poco, en una entrevista en Carne Cruda, Castells apuntaba a la “necesidad” de que las universidades públicas “busquen financiación a través de la empresa privada”.

Descarga el cartel castellano - català - euskera - galego

¡Con nuestra salud no se juega!

A pesar de que el Ministerio de Educación y las Consejerías educativas insisten en que la vuelta a nuestras aulas se ha producido con normalidad y nuestros institutos y escuelas son lugares seguros, los y las estudiantes sabemos que la realidad es otra muy distinta.

Los datos que nos han dejado las dos primeras semanas –cifras que no están siendo publicadas ni actualizadas semanalmente– demuestran el avance del virus en nuestros centros de estudio. 2.852 grupos escolares han sido puestos en cuarentena y 57.000 estudiantes han sido enviados a casa. En la Comunidad de Madrid, los centros educativos acumulan un tercio de los rebrotes activos en la región. En Catalunya 1.583 alumnos y 200 docentes han dado positivo. En Euskadi 207 aulas han sido cerradas, 220 en Aragón, 373 en el País Valencià… y la lista sigue. Debemos decirlo alto y claro: esta situación se hubiera evitado si el Ministerio de Educación hubiera puesto en marcha un plan de rescate a la educación pública, hubiera garantizado la bajada de las ratios a 15 alumnos por aula, la contratación de profesores, sanitarios y personal de limpieza.