Tras diez días de huelga indefinida y un levantamiento del profesorado realmente histórico, desde abajo, con asambleas, encierros, piquetes, concentraciones y dos masivas manifestaciones en las que han participado familias, estudiantes y el conjunto de trabajadores asturianos; tras una rebelión que obligó desde el primer momento a los aparatos sindicales de CCOO, Suatea y UGT —que empezaron convocando de forma tibia una huelga solo el 27 de mayo sin más continuidad— a ponerse al frente arrastrados por un movimiento que ha terminado convirtiéndose en un verdadero conflicto social en defensa de unas condiciones laborales dignas y, sobre todo, contra las políticas de recorte y degradación de la enseñanza pública llevadas a cabo por el Gobierno del PSOE e IU en el Principado; después de todo esto, y en el punto álgido de la movilización, el 9 de junio estas cúpulas sindicales junto a CSIF y ANPE llegaban a un preacuerdo con la Consejería de Educación para desconvocar ese mismo día la huelga, sin siquiera consultar a las asambleas de profesores, y con un contenido completamente insuficiente.
La reacción, gritos y pitidos de los miles de profesores que se concentraban a las puertas del edificio donde se llevaba a cabo la negociación, como habían hecho los días anteriores, no deja lugar a dudas de ello: “No nos vale [el acuerdo]”, “Manos arriba, esto es un atraco”, “No nos vendáis”… Y demuestra que había fuerza y voluntad de lucha para continuar adelante y conseguir todas las reivindicaciones, y haber convertido este conflicto en un ejemplo a seguir para otros sectores.
Pero en su política de garantes de la paz social, de agentes sociales “responsables”, las burocracias sindicales lejos de extender y ampliar la lucha desplegando toda su potencia de fuego, una vez más se han cuadrado con el Gobierno de Barbón para no escalar el conflicto, ceder ante unas migajas tratando de calmar los ánimos y chantajear al movimiento con “o este acuerdo o nada”.
Un acuerdo insuficiente
El contenido firmado está lejos, desde luego, de resolver los problemas estructurales que arrastra la educación pública asturiana, y apenas difiere del borrador rechazado los días 4 y 5 de junio. Lejos de ser una victoria contundente, como los dirigentes sindicales y el Gobierno PSOE-IU nos pretenden vender, este acuerdo representa una solución de mínimos, alcanzada con premura, sin avances significativos desde la última ruptura de negociaciones, y sobre todo sin haber agotado la capacidad de presión de un profesorado que se mantuvo en pie durante más de dos semanas de huelgas ejemplares y que seguía dispuesto a ello. La correlación de fuerzas era favorable para continuar y conseguir el grueso de las reivindicaciones.
Está claro que fruto de la lucha se han obtenido algunos avances parciales:[1] un incremento de las plantillas de especialistas en PT y AL para el alumnado con necesidades educativas especiales a lo largo de los próximos tres cursos escolares, ciertas medidas de desburocratización de las tareas del profesorado, una reducción de jornada para mayores de 55 años a partir de 2027... pero el conjunto es vago, con formulaciones laxas que permiten el incumplimiento sistemático de lo pactado, como ya sucedió con el acuerdo de septiembre.
Respecto a la bajada de ratios, uno de los temas centrales para la calidad de la educación pública, no hay nada para el curso 2025/26. Se irá aplicando la ratio máxima de 23 alumnos progresivamente en tres años a partir del 2026/27. La creación de la especialidad de Asturiano se queda en buenas palabras sin concretar. El aumento para la equiparación salarial es insuficiente: 140 euros de subida general a toda la plantilla (100 en enero de 2026 y 40 en enero del 27) y otros 70 euros para quienes tengan una antigüedad inferior a 6 años. Otras medidas presentadas como novedosas, como la creación de un departamento de Economía, ya estaban en marcha previamente.
Pero la forma en que se ha llegado a este acuerdo agrava aún más su contenido: la plantilla ha sido excluida del proceso de negociación, se ha evitado sistemáticamente la convocatoria de asambleas informativas, y se ha firmado el fin de la huelga sin consulta alguna, de forma antidemocrática.
Lo que comenzó como una respuesta a la imposición del aumento de jornada ha dejado al descubierto todas las carencias que tiene la educación pública (centros que se caen a cachos, ratios disparadas, falta de personal…). Este conflicto cuestiona tanto los escasos recursos dedicados a la escuela pública como a las estructuras sindicales burocratizadas que han terminado por pasar por encima del profesorado, obviando cualquier capacidad de decidir sobre su propia lucha.
En este sentido, resulta inaceptable que un comité de huelga actúe como correa de transmisión de los aparatos sindicales sin rendir cuentas ni dar voz a quienes han sostenido la movilización. Y es que ni CCOO, ni UGT, ni Suatea habían planteado la convocatoria de una huelga indefinida. Han sido la presión desde abajo, la autoorganización en los centros, las asambleas del profesorado, lo que les ha obligado a ponerse a la cabeza del movimiento, y han tratado de taponar y ponerle freno en cuanto vieron que había fuerza para lograr mucho más. Han actuado para apagar el fuego justo en el momento de mayor empuje y apoyo.
El lunes 9 todas las organizaciones sindicales firmaron este acuerdo; ahora, de forma oportunista, CSIF se descuelga con una postura demagógica, intentando presentarse como adalid de la lucha docente.
Pero no podemos caer en esa trampa: CSIF no se ha distinguido precisamente por apostar por una educación pública, inclusiva y de calidad. Su retirada del acuerdo no responde a una preocupación real, sino a una maniobra política calculada para atacar al Gobierno de Barbón desde la derecha. Es puro oportunismo para capitalizar el descontento, desviar el foco y debilitar cualquier iniciativa colectiva que cuestione de raíz el modelo educativo actual. De hecho, se desvincula del acuerdo que se tiene que ratificar el próximo 16 de junio, pero para lavarse la cara como demuestra que en los hechos no propone nada, ni una sola acción para continuar la lucha.
Tanto la derecha como la extrema derecha, PP, Foro y Vox, llevan años atacando la escuela pública: recortes, segregación, elitización, ataques al pensamiento crítico y al trabajo docente. No buscan mejorarla, sino desmantelarla y hacer negocio con ella, como con todos los servicios públicos.
No defienden los centros públicos, ni los derechos de quienes trabajan y aprenden en ellos; solo les interesa instrumentalizar cualquier conflicto en función de su agenda ideológica y electoral. No nos equivoquemos: nuestra lucha no puede ni debe ser utilizada por quienes, cuando gobiernan, recortan, privatizan y reprimen.
Hay que mantener la organización y la movilización para el próximo curso
A pesar de todo, lo vivido en estas dos semanas ha mostrado cuál debe ser el camino de la lucha: la organización y movilización colectiva desde abajo, desde las escuelas, los institutos y los centros de FP. Se ha conseguido forzar la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, un hecho político de enorme calado que demuestra hasta dónde ha llegado el impacto del conflicto.
Otra demostración de esta fuerza, es la dimisión en bloque de más de 100 directoras y directores como medida de presión para que se escuchara al profesorado. Esta acción contundente fue respaldada por una concentración masiva de más de 1.000 personas, que fue el inicio de la segunda gran manifestación que colapsó las calles de Uviéu el 8 de junio por segunda vez en el plazo de una semana, una muestra clara de la tremenda fuerza existente y de que esta lucha era del conjunto de la comunidad educativa.
Durante la huelga indefinida, las movilizaciones masivas, las asambleas, la autoorganización, la toma de decisiones desde abajo ha demostrado que cuando el profesorado se organiza desde los centros, tiene la capacidad para ejercer una presión real. Nadie puede ocultar que lo decisivo ha sido el ejemplo de lucha que han dado nuestros profesores y profesoras al conjunto de la comunidad educativa.
Por eso, el fin de la huelga no debe marcar el fin del conflicto, sino el comienzo de una nueva etapa. Hay que recuperar fuerzas en el verano y prepararse para continuar la batalla en defensa de la educación pública el próximo curso. Es fundamental mantener la autoorganizacion en los centros de estudio y extenderla, continuar con las asambleas y llevarlas a más centros, coordinarse con el esto de la comunidad educativa para sostener y ampliar lo logrado, empezando por la conciencia de nuestra propia fuerza. Ahora la tarea será doble: exigir el cumplimiento efectivo de lo conseguido acuerdo, pero también retomar las reivindicaciones que han quedado fuera de él.
Lo que está en juego en Asturies, como en otros territorios, no es solo la mejora de las condiciones laborales del profesorado, sino la defensa de la escuela pública. Se trata de una batalla clave para el conjunto de la clase trabajadora.
Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes estamos convencidas que este conflicto no ha pasado ni mucho menos en vano, y que no ha terminado. Lo que hemos vivido en estas semanas debe tener una continuidad al inicio del próximo curso con más fuerza y organización. Para ello es fundamental unirnos profesorado, alumnado y familias en todas las acciones y construir desde abajo una gran huelga educativa para frenar la destrucción de la educación pública.
No aceptamos una educación de segunda para las hijas e hijos de la clase trabajadora. Nos jugamos el futuro. Nos jugamos el derecho a formarnos con dignidad. Nos jugamos la escuela pública, digna y de calidad para las familias trabajadoras.
[1]Así queda el preacuerdo que desconvoca la huelga en educación: ratios, más profesores, salarios...
