La privatización de la universidad pública y la expulsión de los hijos e hijas de familias trabajadoras de la universidad es un hecho incontestable después de años de privatización por parte de gobiernos del PP y el PSOE. ¡Basta de privatizar la universidad pública! Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos una educación 100% pública, laica, gratuita y de calidad desde los 0 a 3 años hasta la universidad. A continuación reproducimos un artículo de Elisa Silió para El País con datos muy relevantes sobre la privatización de la universidad.

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Hace dos cursos, la universidad privada española, que matricula a uno de cada cuatro estudiantes de grado, superó a la pública en máster (50,2%): 145.306 inscritos frente a 143.649. El país cuenta con fantásticos MBA privados, pero el sorpasso recayó en los másteres habilitantes, obligatorios para ejercer determinadas profesiones. Y los datos provisionales del reparto de plazas ofertadas de máster para este septiembre, a los que ha accedido este diario, son muy elocuentes: están en manos privadas el 84,7% (8.200 inscritos) de los puestos de formación para trabajar como psicólogo sanitario, el 74,4% (21.100) de los de profesor de secundaria o el 61% (7.700) del de los abogados y procuradores.

Los centros privados ofertan más plazas de másteres habilitantes de las que luego llenan ―les queda un margen grande de autorizadas pensando en el futuro―, pero superan a los públicos en matriculados, aunque se acorta la diferencia entre ambas. “Llega un punto en el que necesitas más profesorado, más aulas, más medios técnicos y más prácticas que se tienen hacer obligatoriamente; y claro, pues se llega al límite, cada uno en función de sus propias capacidades”, denuncia Francisco Olivas, rector de la Pablo de Olavide (Sevilla) y presidente de la asociación de universidades públicas andaluzas. El pasado curso recibieron 3.137 solicitudes para hacer su máster en profesorado para 365 plazas, ofertaron cinco más que en 2023. Y en el de abogacía tuvieron 299 solicitudes para 40 puestos.

Se da la paradoja de que las privadas no son capaces de llenar esos puestos, aunque van en cabeza de matrículas, mientras las públicas dejan a miles de estudiantes sin otra opción que pagar. Un total de 386.600 de plazas de máster (contando los habilitantes y los no obligatorios) están en manos de las universidades privadas el próximo curso, lo que supone un 65% de la oferta total de titulaciones, según el reparto recién aprobado en la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria. En ella, representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de los gobiernos autonómicos ponen encima de la mesa cuántas plazas ha autorizado cada región a sus campus públicos y privados.
Además de estos tres másteres habilitantes multitudinarios, existen otros profesionalizantes ligados a ingenierías y arquitectura -para firmar proyectos- que no tienen en muchas ocasiones opción de cursarse a distancia y en las universidades privadas no hay tanta tradición de esos estudios muy prácticos y costosos, si se comparan con las ciencias sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 31 de marzo que el ministerio de Ciencia iba a invertir 30 millones de euros en crear 7.000 plazas de grados (Educación y Comunicación) y másteres habilitantes (formación del profesorado y psicología general sanitaria) de altísima demanda, y de nuevas carreras como Inteligencia Artificial y Neurociencias en la Universidad Nacional a Distancia (UNED), que depende administrativamente del Ejecutivo. “Duplicaremos la oferta para que nadie tenga que pagar una fortuna en la privada”, dijo. Pero este plan no verá la luz este septiembre.

Máster en psicología general sanitaria

El grado de Psicología está de moda y las universidades responden a esa demanda abriendo sin descanso facultades, aunque las cifras de empleabilidad no lo aconsejen. La mayoría quiere dedicarse a la rama sanitaria y cuenta con dos opciones: sacarse el PIR (Psicólogo Interno Residente) para formarse y trabajar en hospitales ―apenas 274 plazas en 2025, aunque el doble que hace 15 años― o aprobar el máster de psicólogo general sanitario, obligatorio para pasar consulta. De forma que desde 2015 ―antes no era necesario― los estudiantes de este posgrado se han multiplicado de forma exponencial: de 780 alumnos a 3.000 en la pública y de 14 a 9.000 en la privada. Es decir, inscribe al 75%, aunque atesora el 84% de las plazas disponibles, por lo que tiene aún margen de crecimiento.

“El 70% de los graduados salen de la pública, pero en máster se invierte”, explica Antonio Ferrer, presidente de la conferencia de decanos de Psicología. Las públicas no quieren renunciar a una atención personalizada. Ferrer está al frente de la facultad de Valencia, la universidad pública con más alumnos matriculados en este máster, 120. “Ofertábamos 80 plazas, pero hemos subido a 120 por una enorme presión de preinscripción. El mayor temor que teníamos era justificar ante la ANECA [la agencia de evaluación] los convenios de prácticas”.

Ferrer, que al frente de la conferencia de decanos representa a los centros públicos y privados, evita valorar si puede otorgarse una formación de calidad a cientos de alumnos. Lo que sí cree es que los alumnos no deberían tener que buscarse las prácticas, como ocurre en algunas universidades.

Máster en formación del profesorado

Antes del plan Bolonia, para ejercer de profesor de secundaria, los licenciados de cualquier especialidad tenían que aprobar el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) con unas pocas horas teóricas y unas prácticas en un centro educativo. Pero ahora se cursa el máster en profesorado y las privadas han encontrado un nicho enorme: sus inscritos se han más que doblado (de 9.300 en 2015 a 20.500 en el 2023) y más de la mitad (54,6%) asisten a clase a distancia.
En la universidad pública, los aspirantes a profesores crecen lentamente: de 14.400 en 2015 a 18.400 en 2023 (un 21% más). La privada, por tanto, le gana por 2.100 inscritos (52,5% del total), aunque tiene autorizadas el 74% de las plazas. Así, cada campus marca territorio a futuro frente a otros privados.

La conferencia de decanos de Educación, con 85 socios, lleva tiempo dándole “una vuelta” a este posgrado, en palabras de su presidenta Lucía Herrera, que se plasmará a finales de año en un libro blanco y que se ha basado en un cuestionario. Lo van a “replantear”, porque consideran que en un curso “no es posible formar con la variedad de personas que acceden con titulaciones muy distintas”, remarca Herrera, decana de la facultad de Melilla, que depende de la Universidad de Granada. “Y se quiere establecer mayor peso al prácticum” y su coordinación con los centros que acogen a los alumnos. Los precios del máster docente presencial van de los 590 euros de una universidad pública gallega a los 6.800 del CEU San Pablo.

Herrera cree que los campus públicos “no tienen capacidad” para asumir a más alumnos con una docencia de calidad. No está de acuerdo con que el máster se imparta on line en unos centros a los que no representa en la conferencia: “Esas universidades no les capacitan realmente las competencias que luego tienen que desarrollar en su trabajo: a identificar las necesidades específicas al apoyo en tu alumnado, a la atención de su bienestar, al trabajo en equipo.... No puedes aprenderlo porque tú estás trabajando de forma individual [en casa]”.

Máster en abogacía y procura

Antes de 2015 bastaba tener la licenciatura en Derecho (cinco años) para poder inscribirse en un colegio de abogados y ejercer. Pero tras instaurarse los grados de cuatro años se necesita aprobar un máster en abogacía y procura y un examen nacional devaluado, porque raro es quien lo suspende. El 61% de las plazas de este posgrado pertenecen a universidades privadas, aunque aún no han desbancado a las públicas. Matriculan al 48,6% (7.800 graduados), casi el doble que en 2015 (4.100).

En las entidades públicas los estudiantes apenas han subido un 13%, hasta los 8.100, si se comparan 2015 y 2023. Pero en realidad vive una tendencia decreciente: en 2020 había 800 más. Javier Fernández Teruelo, presidente de la conferencia de decanos de Derecho, lo achaca a que “los estudiantes han empezado a ver este máster como un mero trámite, porque luego casi el 100% aprueba el examen, y buscan las universidades que les den más facilidades. Por eso está habiendo una derivación masiva hacia los formatos telemáticos”.

En la Universidad de Oviedo, la de este decano, han pasado de llenar 100 plazas a 60 en un posgrado presencial. En 2023 (últimos datos oficiales), los campus online Internacional de La Rioja, UNED (pública) e Internacional Valenciana sumaron entre los tres 3.300 inscritos, cuanto la oferta total para este septiembre es de 12.500.

Los precios en la titulación de abogacía oscilan de los 885 euros en una universidad pública gallega a los 34.200 de la Universidad de Navarra, privada. Dura año y medio (seis meses en un despacho). “Luego hay estudiantes que buscan un doble máster, el de abogacía y uno que les especialice. Y en esto las universidades privadas se han movido mejor y más rápido”, añade Fernández Teruelo. Según una comparativa del diario Cinco Días, estos posgrados dobles en centros de prestigio se están encareciendo todavía más gracias al aumento de la demanda pese a su alto precio, hasta los 36.500 euros en el IE.