Estudiar en la universidad con el abrigo y guantes puestos, llevar mantas y calentadores a clase, no poder estar en la biblioteca por las bajas temperaturas o encontrar el alumbrado exterior apagado y el recinto completamente a oscuras al salir de clase, son sólo algunas de las condiciones insoportables en las que nos vemos obligados a estudiar los y las alumnas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde la aplicación del nuevo “plan energético”.

Este “Plan de Medidas Urgentes para el Ahorro Energético” presentado por el rector, Francisco Oliva, y que se está ejecutando desde finales del año pasado, es sólo una vuelta más a los recortes y el proceso de desmantelamiento que lleva sufriendo la UPO en los últimos años. Esta es una situación común en todas las universidades públicas a nivel estatal, pero que se está profundizando en Andalucía por los ataques del Partido Popular desde la Junta, y que están siendo acatados y ejecutados sin rechistar por el rectorado de la universidad.

Con la excusa de la crisis económica y climática y la necesidad de tomar medidas de eficiencia energética, la Junta pretende ocultar un nuevo recorte en los presupuestos para UPO, que nos condena a estudiantes y personal de esta universidad a condiciones insoportables. Pero mientras se nos dice que no hay dinero en la pública para luz y calefacción por la subida de precios y la inflación, el PP sigue regalando millones a la educación privada-concertada.

Es evidente que la Junta, con Moreno Bonilla a la cabeza, son responsables directos de estos ataques en la UPO, pero también lo es Francisco Oliva. El rectorado ha acatado todos y cada uno de los recortes desde hace años. Es quién ha desarrollado este nuevo plan energético, quién no ha tenido ningún problema en mantener convenios y licitaciones con empresas privadas, quien ha dado la espalda a los trabajadores del servicio de informática (que se pusieron en huelga el semestre pasado para exigir el fin de la subcontratación de sus servicios), quien no tiene tampoco ningún problema en mantener la precariedad laboral entre el personal docente, ni en despedirlo masivamente, como ya anunciaron el curso pasado.

 Basta de exigirnos compromiso social a trabajadores, trabajadoras y estudiantes. Si este rector quiere realmente defender la UPO, debería apoyar las luchas de los diferentes sectores que se han dado en nuestra universidad y exigir a la Junta la financiación suficiente para poder garantizar estabilidad laboral, condiciones dignas de estudio e implantar medidas reales de ahorro y eficiencia energética que no nos condenen a la congelación en invierno y a la asfixia en verano.

Las y los estudiantes no nos resignamos ante este plan de desmantelamiento de la universidad pública. La organización y la lucha es el único camino para frenar los ataques contra nuestros derechos. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, hacemos un llamamiento a participar en una asamblea abierta el JUEVES 2 de febrero, a las 15 horas en el césped del edificio 11.

¡Basta de recortes! Queremos una universidad pública con condiciones dignas para estudiantes, profesores y personal laboral. ¡Organízate y lucha!